Crece debate en EE.UU. sobre facultades de Trump para usar la fuerza

Washington, 4 jun (PL) Los recientes golpes coheteriles contra Siria constituyen hoy uno de los temas que más debaten quienes estudian la posibilidad de ampliar las facultades de Donald Trump para usar el poderío bélico norteamericano en ultramar.

 

 

Fuerzas de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron el 14 de abril pasado 105 cohetes contra tres objetivos militares en suelo sirio, con el pretexto de responder a un supuesto ataque con armas químicas a civiles en un suburbio de Damasco, alegaciones que rechazó el gobierno del presidente Bashar Al Assad.

 

De inmediato algunos miembros del Congreso y especialistas en el tema criticaron la decisión del mandatario, no por su evidente carácter ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, sino porque él no consultó previamente con los legisladores.

 

Pero un memorando de 22 páginas publicado este fin de semana por el Departamento de Justicia asegura que la acción militar ordenada por el presidente no necesitaba la aprobación del Capitolio.

 

En su párrafo introductorio, el texto señala que el gobernante actuó conforme a las leyes al ordenar la realización de bombardeos tras determinar que las acciones se llevarían a cabo en defensa de la seguridad nacional, y que las hostilidades anticipadas no desembocarían en una guerra tal y como la define la Constitución.

 

La valoración estima que los ataques estuvieron en correspondencia con los intereses nacionales vitales, aunque reconoce que no fueron actos de autodefensa ante acciones inminentes del adversario.

 

Añade que la medida adoptada por Trump es consistente con otras similares de mandatarios que lo antecedieron en el cargo, quienes 'desplegaron nuestras fuerzas militares en operaciones limitadas sin buscar la autorización del Congreso'.

Según este memorando del Departamento de Justicia, esto constituye una práctica 'con profundas raíces históricas' reconocida por las cortes federales y que refleja, además, lo estipulado en la Constitución en cuanto a los poderes de guerra presidenciales.

 

La disposición, firmada por el fiscal general asistente, Steven Engel, argumenta que Trump no necesitaba buscar el aval del Capitolio porque la incursión bélica estaba dirigida a 'promover la estabilidad regional, impedir una catástrofe humanitaria y evitar el uso de las armas químicas' por parte del ejército sirio.

 

Además, el documento justifica de igual forma el lanzamiento de 58 misiles contra un aeródromo sirio en Shayrat en abril de 2017.

 

Al conocer esta resolución, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y de Servicios Armados, la calificó de absurda y ridícula y se preguntó si existe alguna duda de que Estados Unidos vería como un acto de guerra si una nación extranjera dispara contra objetivos en su territorio.

 

'Debería alarmarnos a todos la afirmación de que este presidente puede afirmar mágicamente qué es el interés nacional y redefinir la guerra para eludir así la opinión del Congreso', señaló el legislador.

 

Adam Schiff, el congresista demócrata de mayor rango en el Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes, llamó el jueves pasado junto con Kaine a revalorar los poderes de guerra del jefe de la Casa Blanca, una exhortación ya reiterada en semanas recientes, pero que ha tenido poco apoyo en el Legislativo.

 

Ambos volvieron a pronunciarse a favor de actualizar la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) avalada por el Congreso tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

 

En ese sentido, el legislador republicano Bob Corker y el propio Kaine presentaron el 16 de abril pasado una propuesta de AUMF que de ser aprobada otorgaría al jefe de Estado amplios poderes para hacer la guerra, disfrazados en determinadas cláusulas que intentan neutralizar a quienes se oponen a la medida.

 

Sin embargo, algunos congresistas objetan esta pieza legislativa porque no pone término ni limita la expansión de las operaciones antiterroristas hacia otros países o grupos extremistas no contemplados de forma explícita en el texto.

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