Venezuela entrega a Colombia 791 indocumentados

Caracas, 24 ago (PL) Las autoridades venezolanas entregaron a Colombia 791 indocumentados desde el sábado hasta hoy, como parte de las medidas especiales de seguridad tomadas por el Gobierno bolivariano en cinco municipios del suroccidental estado de Táchira.


De acuerdo con el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma, el traslado de los individuos desde esa zona fronteriza declarada en estado de excepción constitucional y su entrega al consulado general del vecino país ocurrieron bajo el estricto respeto de los derechos humanos.

 

No hubo atropellos ni humillaciones con estos sujetos que se encontraban de forma ilegal en territorio venezolano, además, se habilitaron sitios para la espera provistos de alimentos, agua potable, carpas y asientos, dijo.

 

También desmintió informaciones generadas en distintas redes sociales sobre supuestas separaciones familiares.

 

Las deportaciones se produjeron en el contexto de las disposiciones tomadas por el Ejecutivo venezolano para combatir el paramilitarismo y el contrabando de extracción en zonas fronterizas con Colombia.

 

Tras un ataque contra una patrulla del Ejército bolivariano efectuado en Táchira el pasado miércoles, Venezuela decretó el cierre del paso por ese territorio desde y hacia la vecina nación.

 

No obstante, se habilitaron un corredor humanitario y unidades móviles para transportar a las personas que voluntariamente quieran regresar a sus países de origen y permitir la entrada de individuos con condiciones especiales de salud.

 

Ayer, el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, presentó pruebas de la actividad de bandas paramilitares en la zona y mostró objetos incautados e inmuebles utilizados para fines delictivos.

 

El alto funcionario notificó la detención de ocho paramilitares y enseñó una edificación disimulada como vivienda (a unos 300 metros de Colombia) que en realidad funcionaba como prostíbulo, casa de juegos y, al parecer, centro de retención de secuestrados o trata de personas.

 

Arreaza adelantó datos sobre un total superior a las 500 mujeres explotadas sexualmente por paramilitares.

 

También mostró una construcción de láminas de zinc en la cual se decomisaron máscaras, uniformes, insignias de bandas paramilitares, explosivos, detonadores, herramientas y material para la confección de bombas.

 

A pesar de que algunas garantías constitucionales fueron restringidas, el Gobierno ordenó el estricto respeto de la integridad de las personas, así como el nombramiento de defensores del pueblo en cada municipio para velar en todo momento por los derechos humanos.

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