Fallo de la Corte Suprema de Argentina rebaja pena a represores de la dictadura

La polémica decisión de la Corte Suprema de Argentina de reducir la pena por delitos de lesa humanidad, ha levantado una ola de críticas contra el Gobierno de Macri.

 

Con tres votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema determinó reducir las penas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983).

 

De esta manera declaró aplicable el beneficio llamado 2 por 1 que indica que por cada año de prisión preventiva se computan 2 y se suman a los de condena efectiva.

 

Esta decisión favorable a los reos por cargos de delitos de lesa humanidad, provocó el miércoles un fuerte impacto en los organismos de derechos humanos. Entre ellos, las Abuelas de Plaza de Mayo que acusaron al Gobierno de Mauricio Macri de estar “detrás del fallo”.

 

“Esto no nos afecta a nosotras que ya estamos afectadas desde hace 40 años, afecta a los hijos del pueblo, a los nietos del pueblo, a los biznietos del pueblo. Lo que no se juzga y se condena, se repite”, expresó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

 

“(El decreto) forma parte de una avalancha de cosas con las que tratan de limpiarle la cara a los represores. Se parece bastante a los indultos de (el expresidente argentino Carlos) Menem”, condenó Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz.

 

La controversia se desató tras el anuncio de la máxima instancia judicial de la aplicación de un beneficio penitenciario que rebaja la pena del civil Luis Muiña, quien actualmente se encuentra en libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena, según informan medios argentinos.

 

Muiña fue condenado en diciembre de 2011 a 13 años de cárcel por la participación en una operación, comandada personalmente por el represor Reynaldo Bignone, en la que fueron secuestrados y torturados cinco trabajadores del Hospital Posadas.

 

Activistas de los derechos humanos argentinos criticaron a Mauricio Macri por no reunirse con ellos y mostraron preocupación por la situación de su país.

 

Las organizaciones no gubernamentales temen que esta sentencia abra paso a que muchos otros represores puedan salir de la cárcel gracias a la doctrina del dos por uno. En Argentina hay más de 2 mil personas imputadas por diversos delitos de lesa humanidad y más de 700 sentenciadas.

 

(Con información de Hispantv)

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