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Organizaciones denuncian “masacre carcelaria” en prisión de Ecuador

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Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron una “masacre carcelaria permanente” en la Penitenciaría del Litoral, mayor prisión de Ecuador, y acusaron al Estado de un colapso humanitario que ha dejado hasta hoy 590 reos fallecidos en 2025.

En un pronunciamiento, los colectivos advirtieron que la crisis se profundizó desde marzo de 2024 y durante el actual año se convirtió en un patrón “progresivo y sistemático”, con falta de alimentación adecuada, inexistencia de atención médica, y condiciones higiénicas extremas.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) señaló que entre enero y agosto de 2025 se registraron 390 muertes en el penal ubicado en la ciudad de Guayaquil, y desde septiembre hasta mediados de noviembre se sumaron otras 200 víctimas, según cifras citadas en el documento.

Las organizaciones aseguran que cada semana ingresan al Servicio de Medicina Legal entre 25 y 30 cadáveres provenientes de la Penitenciaría, muchos con signos de desnutrición crónica y tuberculosis avanzada.

El pronunciamiento subraya que cualquier fallecimiento en custodia activa la responsabilidad internacional del Estado.

De acuerdo con los grupos civiles, la situación empeoró tras la declaración de “zonas de seguridad” en las cárceles, medida que permitió el control militar interno y externo bajo un esquema de seguridad excepcional.

Acusan a las Fuerzas Armadas de generar obstáculos para entregar alimentos, garantizar atención sanitaria y mantener programas de rehabilitación.

El comunicado denuncia además la suspensión total de actividades internas, la falta de protocolos sanitarios y un deterioro progresivo de la salud de los reclusos, incluyendo brotes de tuberculosis sin respuesta pública adecuada.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes exigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptar las medidas cautelares solicitadas desde febrero, cuando ya se habían documentado 130 muertes en 2024.

También pidieron a la Corte Constitucional suspender un artículo del Decreto 218 que transfirió el control del penal a las Fuerzas Armadas; y solicitaron al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitir una alerta urgente al Estado.

Asimismo, demandaron a la Defensoría del Pueblo activar mecanismos para detener la crisis, e instaron al Gobierno ecuatoriano a adoptar acciones inmediatas para garantizar la salud y la vida de las personas privadas de libertad.

Hace dos días autoridades ecuatorianas confirmaron la muerte de 10 reclusos de la Penitenciaría del Litoral como consecuencia de la tuberculosis.

Esta semana la situación de las prisiones en Ecuador volvió a la palestra pública luego de que el presidente Daniel Noboa trasladara al menos 300 reclusos, “los más peligrosos”, a una nueva cárcel de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, aún sin terminar.

El ministro del Interior, Jhon Reimberg, prohibió visitas de prensa, organizaciones y Defensoría del Pueblo a esa nuevo centro de privación de libertad, denominado Cárcel del Encuentro., en medio de otras denuncias por malos tratos.

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