Sanciones contra campaña presidencial de Petro impactan en Colombia

Visitas: 22

La decisión del Consejo Nacional Electoral de sancionar la campaña “Petro Presidente 2022-2026”, que repercutiría negativamente en las aspiraciones de la coalición progresista Pacto Histórico de convertirse en un partido, sobresalió en la semana que culmina hoy en Colombia.

Así lo reconoció el propio mandatario, Gustavo Petro, quien en su cuenta de la red social X rechazó en términos muy firmes la medida del órgano electoral que adujo presuntas violaciones de los topes financieros permitidos para el ejercicio proselitista y recepción de fuentes no permitidas.

La entidad multó al que fuera su gerente de campaña, Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Soto, así como a los partidos Unión Patriótica (UP) y Colombia Humana (la colectividad política del jefe de Estado).

En respuesta, el gobernante alertó que “la ofensiva de la clase política tradicional en el CNE contra mi campaña del 2022, con los sobretopes falsos, porque no existieron, es que quieren impedir que el movimiento político más grande de Colombia no tenga personería jurídica y no sea partido: el Pacto Histórico”.

Calificó la maniobra como una agresión violenta contra la Constitución de Colombia, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto aseguró que el órgano electoral impide que le presidente ejecute su obligación de garantizar elecciones libres.

“Hablaban de un golpe de estado de mi parte, pero es la corrupción la que lo está dando. Quieren la dictadura de la corrupción y es a la ciudadanía a quien toca responder”, expresó.

Durante la víspera, en una alocución trasmitida en cadena nacional, Petro cuestionó que uno de los conjueces que ayudara a determinar la imposición de las sanciones sea además abogado del excandidato presidencial y actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, un confeso opositor del gobierno.

El presidente aseguró que tal situación compromete el principio de un árbitro imparcial.

“Nos está juzgando nuestra propia oposición (…) El juicio debe ser de acuerdo al principio universal del juez neutral”, señaló.

Reiteró igualmente que en su campaña “no hubo un solo peso del narcotráfico”.

También explicó que los gastos del día de celebración fueron posteriores al cierre de urnas no deben ser contabilizados como gastos de campaña y que los testigos son un derecho ciudadano para garantizar la transparencia y se financiaron una vez finalizada la contienda.

Por otra parte, planteó que una factura publicitaria fue duplicada por error de fechas y donaciones provenientes de sindicatos, las cuales son legales y se otorgan a partidos y no directamente a campañas.

En este punto volvió a cuestionar por qué las donaciones de los trabajadores aparecen como sobretopes y no se aplica ese mismo criterio en el país para los aportes de las corporaciones financieras realizadas a otros partidos.

Por último, manifestó su confianza de que los entes judiciales resuelvan el caso en apego el marco constitucional y a los derechos políticos de quienes representan al actual gobierno.